La Justicia de Málaga se encuentra bloqueada ya por quinta semana debido a la huelga indefinida convocada a nivel nacional por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) con más de 3.500 actuaciones judiciales suspendidas y al menos 2 millones de euros congelados en las cuentas de los distintos juzgados de la provincia.
El pasado jueves, pasadas las 17:00 horas, el comité de los letrados de la Administración (antiguamente conocidos como secretarios judiciales) accedían a la sede del Ministerio de Justicia, arropados por decenas de compañeros ataviados con togas y pancartas, para mantener una reunión encabezada por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, para acercar posturas y poner fin al paro.
Sin embargo, tras quince horas de reunión, no hubo acuerdo. Por tanto, la huelga indefinida se mantiene y los letrados de Justicia se han vuelto a reunir este lunes a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga para que «que se cumplan los acuerdos, firmados en abril, relativos a las mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo desde 2009 tras sucesivas reformas legales».
Ambas partes se acusan mutuamente de no tener voluntad de negociar acuerdos. Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia denuncian que uno de los requisitos que exigió el Ministerio para el diálogo y el acercamiento de posturas fue la desconvocatoria de la huelga. Un hecho que, aseguran, «no es posible», ya que, en caso de que se desconvocasen los paros, los interlocutores válidos para negociar conforme a la normativa actual vigente serían los sindicatos generalistas que, a su juicio, «no han manifestado ningún tipo de apoyo a nuestras pretensiones». De hecho, lamentan que estos sindicatos se han «mostrado reiteradamente en contra» de la mejora de las condiciones.
No obstante, informan que han recomendado aflojar los paros. «Hay muchos juzgados que están haciendo una huelga discontinua y desde el comité de huelga nos han dicho que intentemos avisar a los profesionales de los juicios que no se van a celebrar en tanto que sea posible. Además, ante la inacción del Ministerio, hemos propuesto llevar a cabo algunas cuestiones aunque no se hayan establecido como servicios mínimos, como es el caso de las bodas», ha explicado a este periódico José María Casasola Díaz, letrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Málaga y miembro de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia -una de las asociaciones convocantes de la huelga junto al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).
Como ha podido saber este periódico, algunos letrados de Justicia ya han comunicado a la Abogacía de Málaga cuándo ejercerán su derecho a huelga para que sepan que las actuaciones judiciales y procesales previstas para los días indicadas y que no estén comprendidos en los servicios mínimos enumerados en la Resolución del Secretario General de la Administración de Justicia de 19/04/2023, no podrán ser celebrados con validez.
Un aviso que desde el colegio de Abogados han agradecido, pues, a su juicio «reducen los perjuicios que se están ocasionando a abogados, ciudadanía y resto de operadores jurídicos». Asimismo, llaman a la «responsabilidad del resto de Letrados de la Administración de Justicia para que sigan la recomendación del comité de huelga en conocimiento su intención de secundar la huelga a fin de que puedan ser avisados los abogados y, a través de ellos, los ciudadanos, de las previsibles suspensiones de juicios».
¿Cuáles son las reivindicaciones de los LAJ?
Las principales reivindicaciones de estos funcionarios, que iniciaron su huelga el pasado 24 de enero, son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
Justicia sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones de los antiguos secretarios judiciales -la revisión del complemento de productividad- y considera fuera de lugar sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.
Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, los letrados se han negado a la propuesta del Ministerio de un incremento retributivo que beneficiaría sobre todo a los que menos cobran e insiste en la desconvocatoria de la huelga para seguir negociando.
La nueva propuesta presentada por los LAJ -que han pedido a la ministra Pilar Llop que se incorpore a la mesa de negociación- insiste en mantener la cláusula de enganche, que supondría referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados.
Fuente: Málaga hoy